Boletin de Recosur

“Sepan que aquí hay una autoridad externa que conspira contra la democracia. Sin miedo declaro al embajador de EE.UU. persona non grata. Pido al canciller enviar esta decisión para que retorne a su país” dijo Evo Morales en el Palacio Presidencial, el miércoles 10, al inaugurar el plan Mi Primer Empleo, dirigido a los jóvenes.

El embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, fue Jefe de Misión en Pristina, Kosovo, desde 2004 al 2006. Entre las denuncias de la participación de Estados Unidos en Bolivia se encuentra la de querer convertirla en una situación similar a la de Kosovo. Goldberg, quien se reunió con opositores del gobierno, había presentado sus cartas credenciales en octubre de 2006.

Evo Morales sostuvo que los actos de violencia son “un golpe de Estado civil, cívico y prefectural” y que es no hay que asustarse y si organizarse para defender Bolivia.

En el acto, el Presidente de Bolivia habló sobre el respeto “a nuestras hermanas y hermanos” recordando que su padre le decía “Evito, si quieres ser respetado debes respetar a tus mayores y a tus menores”, pero que hoy en Bolivia hay quienes “no tienen respeto por la patria ni la democracia ni la unidad del país” y que son los mismos enemigos que antes se habían posesionado del Palacio Presidencial y que ahora accionan desde la Prefecturas.

Evo Morales utilizó un comparación muy interesante al expresar que esos grupos durante la dictadura iban por las radios mineras y ahora van por las radios campesinas. Entre las oficinas destruidas por la oposición se encuentra la radio Patria Nueva y la Televisión Boliviana del Estado.

Para el ministro Juan Ramón Quintana, Bolivia se encuentra en “en el umbral de un golpe atípico” promovido “desde las prefecturas y los comités cívicos” que a diferencia de otros momentos del país ahora “no se necesitan tanques"

Branko Marinkovic, dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, y promotor de los actos de violencia en esa ciudad, recién había regresado desde Estados Unidos

El presidente boliviano acusó a la oposición de orquestar un “golpe de Estado civil, cívico y prefectural” y al embajador de Washington, de alentar el clima destituyente. Sigue la toma de instituciones federales en Oriente.

En el segundo día de tomas a instituciones y organizaciones desligadas del Comité Pro Santa Cruz y la prefectura, el presidente boliviano Evo Morales echó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, porque “no queremos separatistas en Bolivia”.

Morales fue duro con el diplomático norteamericano. “Sepan que aquí hay una autoridad externa que conspira contra la democracia. Sin miedo declaro al embajador de EE.UU. persona non grata. Pido al canciller enviar esta decisión para que retorne a su país. En Bolivia no queremos separatistas que atenten contra la democracia”, dijo Morales sobre Goldberg, que hasta 2006 fue jefe de Misión en Bosnia y Kosovo, donde “consolidó la separación y dejó miles de muertos”, según el presidente.

Consideró que los días y noches de violencia en la Media Luna significan “un golpe de Estado civil, cívico y prefectural. En las dictaduras militares se cerraban las radios mineras, ahora los cívicos van por las radios campesinas. No hay dónde perderse”.

Y sostuvo: “No permitiremos que algunas familias, algunos grupos, hagan de este palacio un centro de negociados. Me preguntaron si me asusta lo que pasa, ¿por qué asustarme? Estos momentos son para organizarnos, para concientizarnos y para defender a la patria”.

Mientras los militantes de la autonomía departamental siguieron en la toma de instituciones y organizaciones, los campesinos bloquearon los pocos caminos que no tenían bloqueados los cívicos.

El grupo de 60 jóvenes que el martes y la madrugada de ayer tomó diez entidades independientes del comité y la prefectura cruceña se echó a descansar. Pero los cívicos se mantuvieron sobre la ola para tomar “pacíficamente” la Caja Petrolera de Salud y la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob). Y en Chuquisaca ocuparon una planta de gas que va a Argentina.

En La Paz, Morales dijo que estos grupos “antes eran enemigos del pueblo y de la patria desde este palacio. Ahora se encierran en prefecturas para atentar contra la unidad de Bolivia”. Morales habló ante decenas de adolescentes participantes del programa “Mi Primer Empleo”. Empezó didáctico: “Tenemos que respetar a nuestras hermanas y hermanos. Cuando era chico, mi papá me decía ‘Evito, si quieres ser respetado debes respetar a tus mayores y a tus menores’.”

De pronto, pasó a referirse a que “algunos grupos no sienten respeto por nuestra patria, la democracia, la unidad del país, lo que es inaceptable”, dijo en referencia la Media Luna o Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a prefectos y cívicos de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Pando, todos vinculados a los gobiernos del ex dictador Hugo Banzer o del acusado de genocidio Gonzalo Sánchez de Lozada, al menos en el caso de los prefectos.

El martes, en la ciudad de Santa Cruz, grupos vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo de choque del Comité Pro Santa Cruz, destrozaron, robaron y quemaron las oficinas de Impuestos Nacionales, Grandes Contribuyentes, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la radio Patria Nueva, la estatal Televisión Boliviana y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una organización que da asesoramiento legal a campesinos e indígenas. El enojo del autoproclamado “pueblo cruceño” obedeció a la negativa del gobierno nacional a devolver a las prefecturas el 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), restados para financiar una renta vitalicia de vejez. Según el Palacio Quemado, la suma reclamada sólo representa el seis por ciento de lo que reciben las prefecturas.

A este motivo se agregó la repulsa cívica a la nueva Constitución, que Morales intenta refrendar. El 25 de enero de 2009 se elegirá prefecto donde fueron revocados: La Paz y Cochabamba. El gobierno espera una ley del Congreso para agregar ese día la consulta constitucional.

El martes terminó con 50 heridos, 13 de ellos policías. El prefecto Rubén Costas justificó la violencia: “Lo sucedido es consecuencia del terrorismo de Estado del gobierno, de su ceguera, que impide reconocer el derecho de los pueblos, la determinación libre y soberana por las autonomías departamentales”. Ayer, al cierre de esta edición, los unionistas intentaban tomar la estación de ómnibus y ferrocarriles.

Los cívicos del Chaco boliviano tomaron en la madrugada de ayer el campo Vuelta Grande, entre Santa Cruz y Chuquisaca, administrado por la argentina Panamerican Energy. Cerraron 26 pozos gasíferos. Cuando llegaron, sólo dos soldados vigilaban, mientras los 25 restantes dormían.

En la ciudad de Tarija, cívicos y empleados de la Prefectura tomaron el aeropuerto local e intentaron hacer lo mismo al Mercado Campesino. Pero tras dos horas de lucha con ocho heridos de ambos bandos, los atacantes se retiraron. Pero cortaron la luz a los campesinos para que no pudiera transmitir la radio Patria Nueva que custodian.

El gobierno decidió no dictar el estado de sitio en Santa Cruz, ya que “por un grupo de 500 a 1000 malandrines no vamos a alterar la vida de un millón de cruceños”, dijo el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

3) SORPRESA EN WASHINGTON POR LA MEDIDA DE EVO /
APOYOS DE LULA, CHÁVEZ Y DE LA OEA

Brasil dio un fuerte respaldo al gobierno de Bolivia y dijo estar tomando todas las medidas para garantizar el flujo de gas tras el atentado perpetrado ayer contra un gasoducto boliviano que lleva gas a San Pablo. El presidente venezolano Hugo Chávez y la Organización de Estados Americanos (OEA) también respaldaron a Morales, pero el embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, expresó su sorpresa por la “inexplicable” decisión del presidente boliviano de declararlo persona no grata y pedirle que se vaya del país.

“El gobierno brasileño sigue con gran preocupación la evolución de los acontecimientos en Bolivia y lamenta el recrudecimiento de la violencia y de los actos de desacato a las instituciones y al orden legal”, dice un comunicado de la Cancillería brasileña emitido anoche. La nota indica que “Brasilia solidariza con el gobierno constitucional de Bolivia y espera que cesen las acciones de los grupos que usan la violencia y la intimidación”. Asimismo, el gobierno de Lula da Silva exhortó a los sectores políticos bolivianos a “respetar la institucionalidad democrática y retomar los canales de diálogo y de concertación, en la búsqueda de una solución negociada y duradera”. Más aún: la Cancillería dijo que el gobierno brasileño está tomando “todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de gas” tras el atentado sufrido en la madrugada de ayer por el gasoducto que transporta el fluido que Bolivia exporta a Brasil.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó su “repudio” por los disturbios ocurridos en las últimas 48 horas en Bolivia y alabó la “prudencia” del presidente aymara frente a esos hechos. El secretario general aseguró que la situación es “extremadamente seria” en Bolivia y reiteró que “no es aceptable” el uso de la violencia por parte de la oposición “por mucho que se reclamen autonomías”.

En tanto, Chávez usó lenguaje más crudo para respaldar al gobierno boliviano. “Lo que ocurre en Bolivia es una arremetida de las fuerzas en Estados Unidos y de los yanquis de la extrema derecha.”

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Paz informó ayer que Goldberg recibió con sorpresa la noticia sobre el anuncio que le dirigió el Ejecutivo cuando estaba reunido con el canciller, David Choquehuanca. “Durante la reunión, el canciller recibió una llamada del presidente Morales, quien le informó (a Choquehuanca) que acababa de declarar al embajador Goldberg ‘persona no grata’, en un acto público”, agrega la embajada.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) emitió un comunicado con el título de “Separatistas y racistas desatan ola de violencia contra autoridades e instituciones del Gobierno de Evo Morales” que se reproduce textualmente.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) está extremadamente preocupada por la ola de violencia desatada por los prefectos y comités cívicos separatistas y racistas en Bolivia en estos últimos días.

Tras el anuncio del Presidente de su intención de convocar un referendúm de aprobación del proyecto de Constitución en diciembre de este año, y descontenta frente a la repartición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la oposición al gobierno de Evo Morales procedió a la toma de instituciones estatales en Santa Cruz, Cobija, Tarija y Trinidad.

En Cobija (departamento del Pando), trabajadores de la Prefectura, miembros de los Comités Cívicos y campesinos, armados con bates y palos irrumpieron, saquearon y tomaron violentamente seis entidades públicas: entre el miércoles 3 de septiembre y ayer, fueron tomados el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las instalaciones de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Superintendencia

Forestal, la Dirección Nacional de Migración y la oficina de la Representación Presidencial. Las oficinas de la Aduana Nacional y del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) fueron tomadas en los días anteriores. Habría habido amenazas de muerte contra los funcionarios y se denunció además que armas letales abrían sido utilizadas.

Asimismo, la representante presidencial en el Pando, Nancy Texeira, alarmó sobre el hecho que está confirmada la llegada de más de 500 campesinos a la capital cobijeña con el propósito de fortalecer la toma de entidades públicas[1]

En Trinidad (Beni), un grupo de 200 personas habría intentado tomar las instalaciones de Impuestos Internos el martes con piedras, palos y armas de fuego, pero fueron repelidas por los efectivos militares, mientras que en la mañana de este jueves, una bomba "molotov" explotó al interior de la Representación Presidencial en Tarija. Ya el miércoles, jóvenes movilizados, según ABI por la Prefectura, habrían intentado ingresar a las oficinas de la representación a las 2h00 de la madrugada. En Santa Cruz también la representación de la Presidencia fue tomada violentamente el lunes 1 de septiembre por unas 60 personas que golpearon a los presentes.

Más grave aún, estos actos de vandalismo y tomas de instituciones han sido acompañados por ataques en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y amenazas de toma de cuarteles del Ejército por parte de las autoridades opositoras al gobierno de Evo Morales.

En la noche del martes, grupos armados que intentaban tomar las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales en Trinidad (Beni) atacaron a los militares de la Sexta División con armas blancas y de fuego, dejando diez heridos entre los miembros del Ejército. El presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar, dio "un plazo" de 48 horas para que el comandante de la Sexta División del Ejército, abandonara el "territorio beniano".

Ya el 21 de agosto policías habían sido golpeados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz, cuando estos últimos estaban intentando tomar el Comando Departamental de la Policía cruceña, y en el Pando se estaría amenazando con ocupar las dependencias de las Fuerzas Armadas y del Comando Conjunto.

En este ambiente siguen los ataques y amenazas de carácter racista y discriminatorio en contra de dirigentes sociales y en general de todos los que se supone están a favor del gobierno actual. El último ejemplo es aquello del incendio criminal de la casa del dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), Lucio Vedia. El dirigente ya había sufrido un primer atentado y sería objeto de amenazas de muerte por parte de la UJC. El domingo 29 de agosto, personas marchando con la COD fueron agredidas e insultadas con propósitos racistas por grupos de choque entre los cuales se identificaron el Grupo Resistencia, Alianza Autonómica de Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista.

En este contexto, el gobierno nacional adoptó el Decreto Supremo Nro. 29698 – en vigencia desde ayer-, que « establece los mecanismos de reparación de los daños causados por actos de vandalismo y depredación del patrimonio Estatal provocados por alteraciones del orden público, promovidos por las Prefecturas de Departamento » y en el cual se prevén, entre otros, procesos penales y descuentos de recursos a las prefecturas departamentales en casos de vandalismo o degradaciones a instalaciones públicas. Frente a esta medida, el senador por el Beni, Walter Guiteras, amenazó que "no se atrevan a descontar ni un solo centavo" y aseguró que el pueblo beniano tomaría los cuarteles de la Sexta División, sin tomar en cuenta las consecuencias que podría generar una acción de esa naturaleza.

La FIDH condena firmemente estos actos de violencia con armas letales y blancas cometidos por los comités cívicos y afines con el apoyo de algunas autoridades regionales, que desestabilizan el país y lesionan la institucionalidad democrática.

Urgimos a los comités cívicos y a sus afines a regresar a un ejercicio político de su derecho a la oposición. La FIDH llama a la OEA, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea para que condenen estos hechos de violencia y para que respalden al gobierno legítimamente constituido de Evo Morales.

La FIDH llama también a la comunidad internacional a denunciar estos actos y a prestar sus buenos oficios para restablecer el dialogo entre las partes y permitir la estabilidad del Estado boliviano”.

El comunicado fue emitido el 5 de setiembre desde la Oficina de Prensa de la FIDH, situada en París. Creada en 1922, reúne 155 organizaciones en cerca de 100 países. La FIDH es apolítica, aconfesional e independiente de cualquier gobierno

Es una publicación periódica de Comcosur para Recosur y cuenta con el apoyo del SERVICIO DE LAS IGLESIAS ALEMANAS PARA EL DESARROLLO (EED) y de Umverteilen