1) ARGENTINA: 
    CON EMILIANO HUERAVILO “EL GOBIERNO NACIONAL SE HA OLVIDADO DE JULIO LÓPEZ”

A 32 años del golpe militar, el primer nieto nacido en la ESMA que fue recuperado por sus abuelos denuncia que la causa que investiga la desaparición de Julio López, el principal testigo del juicio a Miguel Etchecolatz, está congelada. Militante de la agrupación H.I.J.O.S.- La Plata y miembro del espacio Memoria, Verdad y Justicia advierte que ésa debe ser la preocupación central de hoy de los organismos de derechos humanos. “El aparato represor del Estado –subraya Emiliano a lavaca- está intacto: 12 policías bonaerenses que participaron de la represión fueron recientemente ascendidos”.

Emiliano Hueravillo nació en 1977. Lugar: la ESMA, República Argentina. Luego fue dejado en la puerta de la Casa Cuna. Y se convirtió en el primero de los nietos nacidos en ese campo de concentración, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Sus compañeros de H.I.J.OS - La Plata lo bautizaron en algún momento como Pilón, por la. altura de los sandwiches que es capz de comer. Fuera de las bromas, Emiliano sigue siendo un referente al mantener una actitud crítica con respecto al acercamiento de muchos organismos de derechos humanos al actual gobierno.

A 32 años del golpe, Emiliano denuncia en esta conversación con lavaca que la causa que investiga la desaparición de Julio López, el principal testigo del juicio a Miguel Etchecolatz, está congelada. Como militante de H.I.J.O.S.- La Plata es miembro del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Aquí repasa además temas relegados de la agenda de derechos humanos, como la miliarización de villas y barrios, el hostigamiento a los jóvenes pobres, las muertes en las comisarías.

- ¿Cuál cree que debe ser la agenda de los derechos humanos de hoy en la Argentina?

- Por un lado siguen matando a pibes en las comisarías. Se meten en los barrios humildes, les pegan a los jóvenes por el solo hecho de pertenecer a otra clase social, los llevan a la seccional y salen muertos. Eso es terrible. Nosotros, en La Plata, trabajamos para que eso no suceda más y trabajamos, también, por el caso de la desaparición de Jorge Julio López. A 18 meses de su secuestro no hay ninguna respuesta del gobierno nacional ni tampoco del provincial. Aparentemente el gobierno nacional se ha olvidado de Julio López. No hay que olvidarse que Julio fue uno de los querellantes del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y, a la vez, uno de los testigos fundamentales para condenarlo a cadena perpetua. El aparato represivo del país sigue intacto, hace 18 meses que está siendo demostrado.

- ¿Puede pensarse que. además del gobierno, una buena parte de la sociedad naturalizó la desaparición de una persona en democracia?

- Nosotros, el pasado 18, invitamos a todos los sectores de la ciudad de La Plata - organismos de derechos humanos, estudiantes, gremios, organizaciones sociales- a participar de una jornada para exigir la aparición con vida de López. Un artista australiano utilizó 1.800 velas para dibujar el rostro de nuestro compañero frente a la sede donde se llevó a cabo el juicio contra Etchecolatz, en la Plaza Moreno. No fuimos nosotros quienes naturalizamos la desaparición de una persona en democracia. Ya el primer día salimos a cortar la calle, frente a Casa de Gobierno mientras el Estado y sus funcionarios decían que Julio estaba en la casa de una tía. Hubo una fuerte responsabilidad del Ejecutivo en todo esto.

La confesión del ministro

- ¿El gobierno no puede o no quiere saber qué pasó con López?

- Desde un primer momento nosotros dijimos que se trató de una desaparición forzada y que Etchecolatz, más allá de sus 77 años, aún conservaba poder dentro de la policía bonaerense. Cuando nos reunimos con León Arslanian, entonces Ministro de Seguridad de ese momento, le planteamos que el Estado tenía que dar una respuesta. Y él nos contestó que de los 60.000 hombres que tenía a su cargo, había unos 20.000 que no manejaba.

- ¿Y ustedes qué plantearon ante esa confesión?

- Le dijimos que renuncie, o que denuncie la situación abiertamente.

- ¿Y qué contestó?

-Se quedó callado. Nosotros, entonces, le llevamos una lista de 9.000 efectivos que aún estaban en la fuerza y habían formado parte del terrorismo de Estado. Ahora, con el nuevo gobierno, ascendieron a 33 policías, 12 ellos participaron de la represión. Cuando asumió pedimos una entrevista con el nuevo ministro –Carlos Stornelli- y nos la negó. Tuvimos una con el gobernador Daniel Scioli y lo denunciamos.

Los presos que saben todo

-¿Cuánta ascendencia cree que tienen estos efectivos sobre el resto de la fuerza? - No hay que ser ilusos, estos tipos siguen teniendo gente en las fuerzas armadas y de seguridad. Sabían de los allanamientos en la prisión de Marcos Paz, donde está detenido Etchecolatz, dos días antes que se produjeran. Mantienen contactos dentro de la penitenciaría y de todo el aparato represivo. Responden por cuestiones ideológicas, no necesariamente formalmente, por una relación jerárquica. El caso Febres (el prefecto asesinado cuatro días antes de escuchar su condena por su participación en la represión de la ESMA) también demuestra que el aparato represivo sigue intacto. No sólo gozan de impunidad para secuestrar a un testigo, sino también para entrar donde un represor está detenido y darle veneno para que no diga lo que sabe. Si yo robo una gallina para darle de comer a mi hijo, me dan 30 años de prisión, mi mujer para visitarme tendrá que pasar por requisas humillantes, la harán desnudar y con suerte me podrá alcanzar un pedazo de torta.

Estos represores que ahora son juzgados viven en cárceles VIP, dentro de bases militares, o sino ocurre como Alfredo Fanchiotti (el comisario condenado por matar a los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki), que resulta que puede salir a comer asados.

¿Qué opina del avance de la causa judicial que investiga la desaparición de López?

- Para nosotros, el Poder Judicial también es responsable de la desaparición López. Hace 18 meses apareció un cuerpo que enseguida dijeron que se trataba de Julio. Rápidamente quedó descartado, pero aún hoy no se sabe quién era. Como organismo defensor de los derechos humanos, queremos saber quíen es. Se trata también de una persona. La causa está totalmente congelada desde el principio, cuando se peleaban la Cámara Federal y la Provincial para ver a quién le correspondía hacerse cargo. Para nosotros siempre correspondió a la jurisdicción Federal, porque se trata de una desaparición forzada. Resuelto ese tema, la investigación también quedó cajoneada. Nosotros le exigimos respuestas al gobierno, tiene que dar explicaciones. Es el que maneja a todas las fuerzas de seguridad que investigan en la causa: la Gendarmería, la Federal, la Side. Encima, el ministro que las tiene a su cargo (Aníbal Fernández) fue el que dijo que Julio había ido a tomar el té con su tía. Y todavía sigue en el gobierno.

Las cuentas de Cristina

- ¿Hubo algún cambio luego del traspaso presidencial?

- El gobierno es más discursivo que otra cosa. Tanto el anterior como éste. A muchos les conformó escuchar lo que estaban pidiendo desde hace mucho tiempo. Pero no hay acción concreta: no le otorga a la justicia el presupuesto necesario para meter a todos los represores presos. Algunos juicios se desarrollaron en la Capital, en La Plata, ahora uno en Corrientes, pero la represión se vivió en todo el país. Y no sólo los militares participaron del terrorismo de estado: el plan económico que instaló la dictadura militar sirvió a muchos empresarios que hoy están en lugares poderosos, hubo muchos cómplices civiles. Ahora resulta que la presidenta Cristina Fernández dice que en cuatro años se terminarán todos los juicios a los represores: hay más de 500 centros clandestinos y decena de represores en cada uno de ellos. Entonces, no da la cuenta. Por eso queremos que cada centro clandestino sea una causa, y aún así no alcanzan cuatro años. No queremos que los únicos condenados sean Etchecolatz, Von Wernich y Simón. - ¿Qué significa para usted, que nació en la ESMA, que los organismos defensores de los derechos humanos hayan tomado posesión del lugar?

- La Escuela Mecánica de la Armada es un centro clandestino de detención, uno de los mas grandes, pasaron mas de cinco mil detenidos. Para mí ese lugar, donde nacieron muchísimos chicos, tiene que ser un ejemplo para que las nuevas generaciones puedan conocer qué pasó en aquellos años. Tiene que servir, también, para condenar a los genocidas. En 2004 Kirchner anunció la entrega del predio a los organismos, nosotros estuvimos en ese acto y planteamos un montón de cosas. Está bien que el Estado pida disculpas, pero también tiene que demostrar voluntar política para avanzar. Hoy esa voluntad no está clara.

Ser o no ser (funcionario)

- Otros hijos de desaparecidos accedieron en las últimas elecciones a una banca legislativa, ¿es una reivindicación para su generación?

- Además de hijos de desaparecidos, somos personas, partes de organizaciones, trabajadores, estudiantes, militantes. Yo, personalmente, sigo peleando por juicio y castigo y creo que si soy querellante, no puedo ser funcionario del Estado.

Lavaca / RECOSUR

2) ARGENTINA: UN 24 CON DOS PLAZAS LLENAS PARA NO OLVIDAR Por Diego Martínez

Miles de personas participaron en Plaza de Mayo de los actos en repudio al golpe del ’76

El acto por el aniversario del golpe tuvo dos capítulos. Primero, Abuelas, Madres y demás organismos históricos marcharon para pedir la aceleración de los juicios. Luego fue el turno del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con masiva participación de agrupaciones de izquierda.

Si en los 24 de marzo previos no han faltado memoriosos para recordar el rol de la Sociedad Rural y sus paisanos durante el terrorismo de Estado, su flamante perfil piquetero la ubicó ayer, en el 32º aniversario del golpe de Estado, en un primer plano atípico. A las 16 en punto una bandera imponente frente al escenario principal enlazó el recuerdo de la mayor tragedia argentina del siglo XX con la coyuntura: “Sociedad Rural Argentina. Ayer apoyaron la dictadura. Hoy paran contra el pueblo”.

Por segundo año consecutivo, el acto central en Plaza de Mayo tuvo dos capítulos. A primera hora, Madres Línea Fundadora, Abuelas y demás organismos históricos marcharon para exigir la aceleración de los juicios, cárcel común y perpetua a los genocidas y aparición con vida de Julio López. En segundo turno, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que entre integrantes y adherentes reunió 409 firmas, sumó a las viejas consignas el reclamo de “basta de represión y patotas contra los que luchan” y “castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte”.

El Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, comenzó para los organismos históricos a las dos de la tarde, sin una nube que amortigüara el sol. Delante de la bandera con los rostros de miles de desaparecidos se instaló un vehículo raro con un cañón oxidado y carrocería de papel: libros en lugar de chapa. En lugar de “Ejército Argentino” la biblioteca andante circuló con la leyenda “arma de instrucción masiva” y en el baúl una chata con Mi lucha de Adolf Hitler.

Detrás de Madres, Abuelas y de Adolfo Pérez Esquivel se instalaron militantes del Frente Transversal de la CTA, Suteba y la APDH. H.I.J.O.S. regional Capital aportó la más bella atracción artística de la tarde: La Chilinga, un centenar de percusionistas y bailarinas de ritmos afrolatinos, colorados de pies a cabeza con remeras contundentes: “¡Tambores en lucha!”. Para recordar que la dictadura no discriminó barrios ni nacionalidades caminaron con sus banderas comisiones por la verdad y la justicia barriales, y comunidades foráneas que reivindican a sus caídos: japoneses, chilenos, asturianos.

A la cabeza de las agrupaciones peronistas, una “gloriosa jotape”, no más de 30 años promedio, porfió que “a pesar de las bombas, de los desaparecidos, no nos han vencido”. “La Cámpora”, con mayoría del GEN (Generación por la Emancipación Nacional) del legislador e hijo recuperado Juan Cabandié, vivió su primer 24 de marzo con una bandera gigante, máscaras con el rostro de Julio López y remeras para dejar constancia de su lugar en el mundo: “Gracias Néstor. Vamos Cristina”.

La primera gran concentración que acompañó a los históricos corrió por cuenta de Barrios de Pie y Libres del Sur. Al frente, un cartel interminable exigió “Cárcel a Martínez Hoz”. En la esquina de Tacuarí nadie pisó las baldosas que recuerdan a Gastón Riva, asesinado en 2001 durante la huida de De la Rúa. Indiferentes a comparsas y murgas, a pocos metros de la 9 de Julio, donde la Corriente Clasista y Combativa esperaba turno, tres señoras se tomaron un yogurt diet de espaldas a los bombos. Un hombre pulcro que tuvo la mala idea de preguntar por el Tortoni fue guiado por la vereda contraria hasta la mismísima plaza.

A las cuatro en punto, dos miembros de H.I.J.O.S. leyeron en el escenario el documento que suscribieron junto con Abuelas, Madres, Familiares, APDH, Buena Memoria, Hermanos, CELS y Serpaj. Tras la silbatina que tapó los nombres de genocidas exigieron “cárcel común, perpetua y efectiva a genocidas y cómplices” y “Aparición con vida de Julio López”. Repudiaron “la bendición de la cúpula de la Iglesia”, el respaldo de las patronales, la familia judicial y los medios cómplices. No faltaron nombres propios: Sociedad Rural, Blaquier, Clarín, Macri y otros. El documento recordó que “la lentitud consagra la impunidad”, apuntó que hubo apenas trece condenas, exigió “respuestas a las amenazas”, “juicios que reflejen la lógica de los circuitos clandestinos”, “apertura de archivos de la dictadura”, “juicio a Martínez de Hoz y sus cómplices”, “más Tribunales Orales” y un ayudamemoria puntual al TOF5: “los juicios son orales y públicos, no oculten la cara de los imputados”.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tuvo una dosis menor de organismos de derechos humanos (a los antiguos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se sumaron Justicia Ya!, la Asociación Anahí, algunos HIJOS del interior, Correpi y Ceprodh), pero una impecable asistencia de agrupaciones de izquierda. A la vanguardia, tan solitarios como la biblioteca andante, tres muchachos hicieron rodar una pelota gigante bañada de sangre, seguida por un escudo del Mundial ’78 con una calavera en el lugar de la pelota.

Fueron tantas las organizaciones con consignas particulares que los volantes dejaron de entregarse y se empezaron a canjear. La edad promedio de los manifestantes disminuyó. Detrás de los cartelones gigantes de la FUBA y la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, el Partido Obrero inundó la avenida con sus banderas: una per cápita. Una mujer joven se desmayó cuando la lectura de adherentes iba recién por la letra C y la voz oficial anunció que “hay varias cuadras de columnas: ¡Estalla la plaza!”.

Perdido entre miles de siglas breves y coloradas, un grupo minúsculo de la Juventud Radical dejó constancia de que “Somos el Juicio a las Juntas”, atípica admisión sobre el fin de la propia historia. Cerca marcharon las Lesbianas feministas y las Víctimas de la impunidad en democracia. En el Cabildo los fotógrafos de Argentina Arde expusieron rostros de policías de civil deteniendo militantes en 2004 durante una visita del FMI. A pocos metros hacía su ingreso el MST. Mientras el rostro de Rodolfo Walsh sobresalía entre pancartas de caídos menos conocidos, un pibe concentrado sentado en el cordón de la vereda estudiaba ¿Quién mató a Rosendo?. Detrás del PTS y de los rostros curtidos del Movimiento Teresa Rodríguez, marcharon los grupos anarcos: “Ni dictadura ni democracia. ¡Viva la anarquía! y más lejos la Red Libertaria”. Cerró la marcha el Partido Humanista, de banderas naranjas y sonrisas amplias.

Seis cuadras más adelante el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leyó su documento. Allí se criticó la falta de imputados por la desaparición de Julio López y la “actitud de encubrir” la investigación por parte del gobierno. “Los jueces paralizaron, demoraron o desguazaron las causas” sobre la dictadura, destacaron. Lamentaron que “sólo hay tres condenados”, ignorando a los ocho coroneles del Batallón de Inteligencia 601 que purgan su pena, y calcularon que “al ritmo actual en los próximos cinco años no pueden ser enjuiciados más de 20 genocidas”. El texto consensuado por las 409 agrupaciones reivindicó “la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres” y aseguró que “logramos que 88 jóvenes recuperaran su identidad”, pese a que Madres y Abuelas hacía ya varias horas que habían tomado distancia de la plaza.

Pagina12 / RECOSUR

3) ARGENTINA UN PAÍS CON MÁS DE 30.001 DESAPARECIDOS por Daniel E. Benadava

ALAI AMLATINA, 24/03/2008, Buenos Aires.- Desde el 24 de marzo de 1976, hasta el día de hoy, en la República Argentina han desaparecido más de 30.001 hombres y mujeres por razones políticas, ideológicas y sociales.

30.000 hombres y mujeres desaparecidos en dictadura

En la década del ´70 del siglo pasado la República Argentina se hallaba sumergida en una situación de alarmante inflación, crisis sindical, violencia social y creciente sensación de ingobernabilidad.

Ante esta situación, el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas Argentinas (FF.AA.) derrocaron a quién era la presidenta del país, Isabel Martínez de Perón, e instauraron un gobierno militar que -de acuerdo a lo expuesto por la Junta de Comandantes Generales que lo conformó- tenía el propósito de “restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencias, imprescindible para reconstruir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia, republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del Pueblo Argentino”.

Para alcanzar este objetivo, entre otras tantas cuestiones, las FF.AA. reprimieron “con la pena de reclusión por tiempo determinado el que por cualquier medio difundiera ... comunicados o imágenes provenientes o atribuidos a ... personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo; .-y- con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiera ... noticias con el propósito de ... desprestigiar la actividad de las FF.AA., de seguridad o policiales”; disolvieron los partidos políticos y el Congreso de la Nación; intervinieron los sindicatos; y defendieron, en palabras del asesinado periodista argentino Rodolfo Walsh, “la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación”.

El 10 de diciembre de 1983, fecha en la que la República Argentina volvió a tener un presidente democrático, las FF.AA. abandonaron el poder y dejaron “tras de si” la desaparición de 30.000 argentinos que lucharon, y dieron su vida, para que su país retornara a la vida democrática.

Una desaparición en democracia

A mediados de septiembre de 2006, durante el gobierno democrático de Néstor Kirchner, desapareció Julio López luego de haber declarado en el juicio que condenó a reclusión perpetua al ex Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz, el cual fue encontrado responsable de haber cometido -en el transcurso de la última dictadura argentina- numerosos crímenes de lesa humanidad (es decir contra la vida, la libertad y la seguridad de cualquier persona), entre los que -por ejemplo- se puede mencionar la tortura de Julio López.

Muchos creen que quienes hicieron desaparecer a López buscaron intimidar y amedrentar a todos aquellos que, habiendo sobrevivido a las torturas que recibieron durante la última dictadura argentina, son hoy en día testigos claves para declarar contra los integrantes de las FF.AA. que intervinieron directa, o indirectamente, en los crímenes de lesa humanidad que la última dictadura militar argentina realizó contra la población del país.

Al día de la fecha, la desaparición de Julio López constituye una “herida abierta” para la democracia argentina ya que, aún, no se han producido avances significativos en la investigación que procura esclarecer este macabro acontecimiento.

Los “desaparecidos sociales” de nuestros días

El primero de marzo de este año la presidenta argentina, Cristina Kirchner, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso de su país planteó: “Desde 1900, cada tres años el país vivía una recesión, lo que hemos logrado hasta aquí es el mayor crecimiento de la Argentina en los últimos 100 años”.

Ahora bien, muchos sostienen que la primera mandataria “omitió” mencionar que, en el transcurso de las últimas décadas, en la Argentina ha crecido de manera alarmante la brecha que separa a quienes concentran la riqueza del país de aquellos que poco -o nada- tienen.

Sobre esta situación se refirió el Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, quién en su último Mensaje con motivo de Cuaresma afirmó que en la República Argentina “hay muchos, y muy cerca nuestro, que parecen forzados a vivirla -la Cuaresma- todo el año sin posibilidad de vislumbrar la Pascua. Ya forma parte del paisaje cotidiano ver chicos y grandes revolviendo la basura y buscando algo para apalear el hambre o el frío. El egoísmo, la deshonestidad y la indiferencia condenan a muchos a vivir todo el año un ayuno involuntario y una penitencia obligatoria”.

En efecto, en la República Argentina existen miles de hombres y mujeres que, al encontrarse “desligados” del tejido social de su país ­o sea, “desamarrados” del conjunto de relaciones e instituciones sanitarias, educativas, recreativas y laborales argentinas-, no parecen tener una posibilidad concreta de reinsertarse en la sociedad y llevar adelante una vida digna y humana.

Todas estas personas, que recientemente fueron señaladas por el Episcopado Latinoamericano como los “nuevos rostros de pobres ... nuevos excluidos: desplazados ... desaparecidos ... víctimas de la exclusión ... grandes grupos de desempleados/as ... las personas que viven en la calle de las grandes urbes ... campesinos sin tierra”, pueden ser definidas como los “desaparecidos sociales” de nuestros tiempos.

Es decir, son seres humanos que parecen estar “desaparecidos” tanto de la vista de quienes transitan a su lado y ­por falta de interés y/o prejuicio- rara vez se aproximan a ellos para tenderles una mano; como de las políticas gubernamentales ­nacionales y provinciales- que, en general, cuando se acercan a ellos es para reprimirlos o para otorgarles insignificantes subsidios que, nunca constituyen una “solución” para que puedan salir de la pobreza en la que viven cotidianamente, pero si en cambio -de acuerdo a la visión de algunos analistas- son “útiles herramientas” que utiliza el Estado para apaciguar posibles conflictos sociales.

Argentina: sinuoso respeto de los derechos humanos

Mas allá de que Cristina Kirchner plantee que “la materia de derechos humanos es una de las políticas centrales de nuestro Gobierno”, muchos consideran que mientras continúen estando en libertad aquellos integrantes de las FF.AA. que cometieron crímenes de lesa humanidad en la década del `70 del siglo pasado, difícilmente podrá la población argentina vivir en tranquilidad, o ser resuelta la desaparición de Julio López.

En efecto, tal y como lo expresó Nilda Eloy, quién es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la República Argentina: “Menos de un 5 por ciento de los represores están en la cárcel. Mientras el otro 95 por ciento esté libre, nosotros estamos en peligro. No hablo de nosotros los testigos, hablo de nosotros como sociedad”.

Por su parte, muchos analistas políticos son pocos optimistas a la hora de pensar que la presidenta argentina pueda hallar una solución de fondo para aquellos que nada tienen, ya que sostienen que Cristina Kirchner aún no ha sido capaz de implementar políticas que promuevan una equitativa distribución de la riqueza de la Argentina y, además, favorezcan una verdadera inserción de aquellos argentinos y argentinas que constituyen los “desaparecidos sociales” de nuestros tiempos.

Y, asimismo, son muchos los cristianos argentinos que, junto con el Cardenal Bergoglio, están convencidos que en su país -como en tantas otras naciones- no se está cumpliendo con el Proyecto de Dios ya que “El Padre de Jesucristo no quiere el dolor, no quiere el sufrimiento ni la muerte de tantas personas por hambre o desamparo. El sueño de Dios es que todos vivamos en comunión y solidaridad. El proyecto de Dios es que todos podamos compartir los bienes de la tierra, que nadie se quede sin comer, que nadie muera porque no puede llegar hasta un médico, que nadie soporte situaciones infrahumanas; pero lamentablemente el pecado personal y estructural no permite que ese sueño de Dios se haga realidad hoy”.

(*) Daniel E. Benadava es psicólogo.

Agencia Latinoamericana de Información / RECOSUR

4) LOS NUEVOS HABITANTES DE LA ESMA Por Victoria Ginzberg

Testimonios de los que harán del ex centro clandestino su lugar de trabajo Los guías trabajan desde hace tres años y esta semana comenzaron a mudarse funcionarios y empleados del Archivo Nacional de la Memoria. Tensión, euforia, reparación son algunas de las emociones que les provoca este nuevo y peculiar ámbito laboral.

Andrés llegó a la ESMA hace tres años. Había militado en HIJOS sin ser hijo de desaparecido. Dice que lo que le hace el trabajo menos pesado es el contacto con los sobrevivientes. Y el tiempo. Hay días en que Sabrina tiene que ir a dormir la siesta para reponerse del día laboral. A veces le duele el cuerpo y a veces se pelea en el colectivo con cualquiera por cualquier cosa. Celeste asegura que se aprende a poner distancia, pero que ya no quiere ir al cine a ver películas que traten sobre la represión de la dictadura. Luz está feliz. Le parece “buenísimo” que la gente visite el lugar. Que se entere de lo que pasó ahí nomás y hace tan sólo 30 años. Ellos forman el equipo de guías del Espacio para la Memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Todos lloraron, todos tuvieron pesadillas. Los sentimientos que genera el lugar no los asustan, de lo que tienen miedo es de, algún día, dejar de percibirlos.

En el edificio central de la ESMA, conocido como “cuatro columnas”, se armará en el futuro una exposición fotográfica sobre la historia de la represión en el país. El salón central, donde se colocará la muestra, espera la resolución de una licitación que permitirá que las tejas francesas dañadas por el granizo sean reparadas. En una oficina de esa construcción, los guías instalaron su bunker. En una mesa hay una maqueta del Casino de Oficiales que se usó en el fallido juicio al prefecto Héctor Febres, que apareció envenenado cuatro días antes de la sentencia. Hay también una bandera multicolor que dice “Peace” y afiches que convocan a diferentes homenajes a los desaparecidos. Y está el mate.

“La naturaleza del lugar es ambigua. Corren paralelas la alegría del sitio conquistado, que estás poblando, y la compañía que hacés a las almas que pasaron por acá”, dice Daniel Schiavi, en ese refugio armado dentro de la ESMA. El es el coordinador de los guías. Llegó al lugar en 2005 contratado por el gobierno porteño después de que la Armada desalojara los ocho primeros edificios. Tiene 51 años, dos décadas más que los que integran el grupo que dirige. Su tarea es conducir a los visitantes por los cuatro pisos del Casino de Oficiales, el sitio donde estuvieron “alojados” los desaparecidos.

El Casino, según el consenso al que llegaron los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, permanecerá vacío e inalterado. Sólo se agregaron los carteles que intentan explicar lo que sucedió. El edificio ya se puede visitar, previa cita, y sólo se puede entrar allí en compañía de un guía.

Una rosa china y altos pinos enmarcan la entrada. El recorrido pautado empieza en el sótano, que era también el primer sitio al que eran llevados los detenidos: allí estaban las salas de tortura. En la planta baja está El Dorado, el gran salón donde los marinos planeaban los secuestros y asesinatos. Arriba está “Capucha”, donde los desaparecidos eran depositados, atados y vendados, en pequeños espacios de 75 centímetros de ancho por dos metros de largo y donde el techo a dos aguas, las vigas y la poca luz que entra por las aberturas permiten transportarse treinta años atrás. “Es en Capucha donde se toma real conciencia de que el contacto con el mundo exterior ya no existe más. La soledad es total. Debe ser lo más cercano al infierno”, dice uno de los panes con testimonios de sobrevivientes. El último piso es “Capuchita”, el altillo, donde está el tanque de agua y donde permanecían los secuestrados que habían ido a parar a la ESMA pero no “pertenecían” al grupo de tareas armado por Massera.

El Casino, su presencia y su historia se impone a todo aquel que ingrese al terreno, aunque sea sólo una pequeña porción dentro de las 17 hectáreas del futuro Espacio para la Memoria.

Las personas que trabajen en los otros edificios del predio ingresarán por el otro extremo del predio, para preservar del bullicio de la burocracia cotidiana el lugar en el que se torturó y se mantuvo a los prisioneros en condiciones infrahumanas de vida antes de asesinarlos.

“Cuando fui al Casino por primera vez subí a Capucha y aunque soy ateo me persigné. Parte del trabajo es tomar contacto con los testimonios y es duro. Es bueno compartirlo con un grupo de chicos de 30 años”, cuenta Schiavi. “Hay gente que no quiere venir a trabajar acá, pero cuando se fueron totalmente los militares fue una sensación de conquista, de plantar bandera. Fue una batalla invisible”, dice sobre el proceso de desalojo, que duró tres años.

La mudanza

En la ESMA hay clima de mudanza. Las calles interiores, amplias y arboladas, están desiertas y el lugar casi parece un pequeño pueblo fantasma. El edificio que ocupaba la Escuela de Guerra Naval tiene ahora un cartel que dice Archivo Nacional de la Memoria. Un obrero pasa y saluda, tubo de luz en mano. El piso todavía está sucio y los futuros despachos vacíos. Funcionarios y empleados administrativos están empezando, lentamente, a poblar el lugar.

“Acá estaba la escalera donde Martín Grass vio a Rodolfo.” Lilia Ferreyra, mujer del periodista desaparecido Rodolfo Walsh, señala a Página/12 un revestimiento de madera en el hall central del Casino de Oficiales. Es el sitio en que vieron al escritor herido, tal vez muerto, y que fue modificado por los marinos en 1979, en ocasión de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lilia es asesora del Archivo Nacional de la Memoria y desde ahora la ESMA será para ella un escenario laboral. Su oficina estará lejos de la escalera que ya no está, estará lejos incluso del edificio al que la patota de Emilio Eduardo Massera llevó a Walsh. Pero estará en el mismo terreno. Para Lilia no es una carga, por el contrario. “La posibilidad de trabajar acá es importantísima. Es hacer realidad que este lugar de muerte ha sido recuperado para profundizar la causa de los derechos humanos y preservar la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado”, asegura.

A nivel personal, las reacciones son diferentes. Más allá de la discusión política sobre el destino de los edificios que componen el predio de lo que fue el centro clandestino, hubo empleados que no se “bancaron” emocionalmente la posibilidad de convertir a la ESMA en su lugar de trabajo y pidieron ser derivados a otro sitio. “Pero hay quienes sentimos que es una reparación profunda y nos lleva a imaginar la sonrisa de nuestros compañeros desaparecidos por esto que se vive como un triunfo. Creemos igualmente que el área de ‘museo’, el Casino de Oficiales y el edificio de las cuatro columnas, que es el lugar más intenso de la Memoria, no puede ser alterada por la presencia cotidiana de trabajadores o de gente que pase con una carpeta bajo el brazo”, señala Ferreyra. “Estar en la ESMA –agrega– supone convivir con el testimonio implacable del pasado pero con plena conciencia de estar trabajando en el presente para ganar la conciencia de las generaciones futuras.”

María Prince es representante de la Nación en el órgano ejecutor de la ESMA. “Muchos de mis compañeros pasaron por acá. Tengo dos sensaciones permanentes. Por un lado es fuerte atravesar la reja todos los días. Pero también es una victoria. Me daría pena perder alguna de esas dos sensaciones. No es algo que se puede naturalizar”, coincide.

Eduardo Jozami es el director del centro cultural Haroldo Conti –dependiente del Archivo Nacional de la Memoria– que se levanta donde antes estuvo el anexo de la Escuela de Guerra Naval. El miércoles pasado, una docena de personas que trabajarán en el centro cultural llevaron sus cosas a la ESMA. “Por momentos parecía como una mudanza cualquiera. Bajar los muebles, subir cosas por las escaleras. Pero cuando terminamos nos pareció increíble. Algunos de los más jóvenes estaban eufóricos, aunque era una euforia sospechosa, había mucha emoción y también algo de tensión”, cuenta Jozami. Durante la última dictadura él estuvo preso. Su mujer fue secuestrada y llevada a “Capuchita”, el altillo del último piso del Casino de oficiales. Estuvo en la ESMA 16 meses.

“Es raro caminar por ahí porque si bien tiene marcas militares, no es un lugar desagradable, las calles son grandes, hay muchos árboles... es una sensación extraña. Yo lo vivo con una responsabilidad muy fuerte y es, en un sentido, gratificante. Poder estar en la función pública trabajando en estas cosas es gratificante, por lo menos para los que pensamos como nosotros y tenemos estas historias”, dice y se le quiebra la voz. Se acuerda, comparte, de los días en prisión y de la sensación de creer que nunca más iba a volver a ver a su mujer.

Pagina 12 / Enviado por Koeyú latinoamericano / RECOSUR

5) PUBLICIDAD Y DICTADURA: CRÓNICA DE UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA

En el período 1976-1983, la dictadura militar montó un vasto aparato publicitario para no sólo adoctrinar a los ciudadanos y legitimar su accionar, sino también para acallar y desmentir a los organismos de derechos humanos, y denuncias desde el extranjero, catalogados por los militares como la "campaña antiargentina".

La historia de la vaca triste

En la TV aparece (con una imagen de pésima calidad, de acuerdo a las posibilidades técnicas de la época) una vaca que pasta feliz. Al fondo, se divisa una fábrica. Claros símbolos que realimentaban el tradicional mito de la Argentina fabril y agropecuaria. De pronto, un nutrido grupo de monstruos con dientes afilados, se apropian de la vaca y le exprimen tanto, pero tanto, sus ubres, que queda flaca y triste. Desaparece la fábrica y el fondo colorinche se transforma en pura noche y oscuridad.

"Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina: bocado deseado por la subversión internacional. Trató de debilitarla para poder dominarla. Eran épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos: ¡basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza!. Hoy, vuelve la paz", indicaba el audio, dando el anclaje final a lo que se veía. Un gauchito feliz coronaba la animación.

Se trata de una de las más recordadas publicidades que reproducían constantemente los medios en la época de la última dictadura militar, y es sólo una de las muestras de la estrecha relación que hubo entre el gobierno represor, los medios de comunicación y varias agencias de publicidad.

Bien lo supieron otros dictadores de la historia: la propaganda juega un papel crucial en la construcción de hegemonía y consenso. Hay que tener a los medios del propio lado. Y, atento a las "lecciones de la historia", bien supo utilizarlas la dictadura militar local que estuvo en el poder entre 1976 y 1983.

Por aquellos años, grandes agencias publicitarias argentinas, como Lowe, De Luca o Casares-Grey participaron de la parafernalia de la propaganda oficial. Una de las oscuras anécdotas más recordadas fue la del famoso slogan "Los argentinos somos derechos y humanos" , asignado por unos a la agencia Ratto (que luego brindaría sus conocimientos en la materia para la campaña política de Raúl Alfonsín en 1983), y por otros, al trabajo de la agencia Burson Marsteller, de cuyo papel durante el mundial 78' damos cuenta más abajo.

Entre las publicidades más recordadas están la publicidad del tanquecito de la DGI; la del soldado que le guiñaba un ojo a un nene mientras le pedía los documentos a su papá; la que (nuevamente) mostraba a la Argentina como un bife de chorizo a punto de ser "devorado por el terrorismo", o la que defendía la entrada de productos extranjeros: "Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos. Pero muchas veces el consumidor tenía que conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados.", sostenía. En este sentido aportaba también el slogan "Achicar el Estado es agrandar la Nación", orientada a respaldar la política económica de privatizar empresas estatales.

"Mostremos cómo somos los argentinos"

Pero cuando más empeño, dinero, recursos y logística puso el gobierno militar fue al momento de la organización y difusión del Mundial 78'. Para esto, contrató a la agencia publicitaria multinacional Burson Marsteller & Asociados, que desde el año 2000 pertenece al megagrupo WPP. Su función: silenciar y desmentir las denuncias de los militantes por los derechos humanos y medios extranjeros, considerados agentes de una "campaña antiargentina". Por el servicio y las gestiones cobrarían alrededor de medio millón de dólares. Y trabajarían en coordinación con el organismo estatal creado para la organización del evento, el Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), a cargo del capitán de navío Carlos Lacoste.

En su libro "La vergüenza de todos", el periodista Pablo Llonto explica la estrategia encarada por Burson: "La agencia había concentrado sus actividades de propaganda en dos tácticas: la utilización de los íconos argentinos que mejor impacto tenían en el extranjero y el soborno escondido de periodistas a los que se los invitaría a escribir sobre 'un país distinto' (…) Para el segundo paso, Burson elaboró listas de periodistas americanos y europeos a los que se podía embarcar en primera clase, alojarlos en los más elegantes hoteles y rodearlos de acompañantes que los convencerían de la paz argentina."

Y el plan parecía funcionar. Según Llonto: "Hombres y mujeres repetían generalmente lo que habían escuchado en la televisión o lo que leían en las revistas. Se creía que había dos países. Uno fantasioso, el de la campaña que llamaban 'antiargentina', y otro, el que florecía en la abundante y colorida publicidad de los militares y las empresas privadas que apoyaban la causa. Era cómo una embriaguez que aumentaba día a día gracias a las frases que se escuchaban por la radio, o los spots que el enorme aparato publicitario de la dictadura intercalaba entre los almuerzos de Mirtha Legrand y las charlas de Tita Merello."

El plan puesto en marcha incluía "utilizar" la imagen de personajes populares de la farándula, el espectáculo y el deporte nacional, como por ejemplo, el automovilista Juan Manuel Fangio, el boxeador Carlos Monzón, el tenista Guillermo Vilas, los actores Carlos Balá y Juan José Camero, o el relator de fútbol José María Muñoz, para mencionar algunos.

Fangio viajaba al exterior a hablar de la "verdadera argentina". Monzón daba exhibiciones de boxeo en los campamentos del ejército para los soldados que capturaban guerrilleros. Muñoz sería "la voz" del mundial, instando al pueblo argentino a mostrarse ordenado y prolijo en las canchas, no tirando papelitos, ya que nos estaban viendo en el exterior. Balá decía constantemente en los televisores de cada argentino: "vamos muchachos, con buena letra, y va a ser mundial".

En tanto, la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, es decir, "la" asociación que nucleaba a las principales agencias de la Argentina, se jugaba corporativamente hacia fines del evento futbolístico, y aseguraba públicamente el rotundo éxito del mecanismo publicitario: "Ahora el mundo sabe que cuando Argentina quiere, puede"

En contraposición, un total de 19 creativos y empleados de agencias asesinados en el período 1976-1983 darían el único testimonio en el gremio de una actitud no condescendiente con el régimen.

La "campaña antiargentina"

En tanto, desde afuera venían informes y denuncias de organismos de derechos humanos y de militantes exiliados, que eran levantados por diversos medios, principalmente de países europeos, como Francia u Holanda. Esta función de denuncia se incrementaría, también, al momento del Mundial 78'.

En Francia, un grupo de izquierda de franceses y argentinos, que se llamar Comité pour L'Organisation para le Boycott de L'Argentine de la Coupe du Monde (COBA) reunía a fines de mayo del 78' a un nutrido grupo en La Mutualité - lugar tradicional de la izquierda francesa - en lo que fue, según cuenta Llonto, "el principal acto de boicot a la Copa del Mundo", y que contaba con apoyo de reconocidos intelectuales y artistas, como "Yves Montand, Simone Signoret, Alain Touraine, Jean Paul Sastre, Louis Aragon, Roland Barthes, marguetire Duras y Henry Lévy."

Además, el grupo se tomaba la tarea diaria de "agotar a la embajada argentina en Francia con cartas y télex que reclamaban la libertad de miles de detenidos y la aparición con vida de miles de desaparecidos".

Por su parte, las madres y esposas de desaparecidos lograban sacar en "La Prensa", el 5 de octubre de 1977, la primer solicitada, pidiendo la aparición con vida de sus seres queridos. El título era: "Sólo pedimos la verdad".

Los militantes de la organización Montoneros que estaban en Europa se abocaban a la tarea de realizar colectas callejeras, impresión de revistas, libros y periódicos que les eran entregados a los equipos que jugarían el mundial, los periodistas, hinchas y dirigentes del ambiente.

Uno de los textos repartidos rezaba: "Este mundial no podrán jugarlo más de 5.000 muertos, más de 20.000 desaparecidos (…) Tampoco podrán jugar este mundial los 15.000 presos políticos, sindicales y estudiantiles ni el centenar de abogados defensores de estos presos que han desaparecido o han sido asesinados."

Pero la lucha era desigual. Además de la parafernalia de agencias publicitarias, el gobierno complementaba su accionar propagandístico con intensa folletería turística, grupos musicales, viajes y paseos, para las delegaciones de periodistas y deportistas venidos de afuera. La imagen que se llevaban era la de una Argentina color de rosa.

Malvinas: caída e intento de reformar la imagen

También quedaron como una huella indeleble en la memoria de los argentinos, la larga jornada en solidaridad con los chicos que estaban peleando en Malvinas. Espectáculo federal puesto al servicio de una supuesta colecta nacional para los chicos que habían sido obligados a embarcarse en la aventura bélica dispuesta por Leopoldo Fortunato Galtieri como forma de perpetuación de la casta militar en el poder.

Recordados son, también, lo spots que acompañaban tal cruzada. Como aquella que llamaba a que cada uno se concentre "en lo suyo, defendiendo lo nuestro". O las tapas de los periódicos que celebraban un supuesto triunfo en las Islas Malvinas, con el motivador "¡Vamos ganando!".

Luego de eso, los tiempos cambiarían. La parte más importante del plan sistemático de desaparición de militantes estaba concluyendo, y ciertos sectores del estado militar tenían en mente la idea de ir instalando el concepto de un partido militar que goce del apoyo popular, para ganar legitimidad (externa e interna) en elecciones democráticas.

Es entonces, cuando empezaron a aparecer en los medios avisos que llamaban a concretar un cambio "un cambio de mentalidad", en 1980, y que luego tendrían una cara visible en la figura de Emilio Eduardo Massera, quien en afiches proponía "una Patria Grande, Justa y Solidaria", con su Partido para la Democracia Social (PDS) , allá por 1983.

Y el resto es historia conocida. Hoy las mismas agencias que colaboraron con la última dictadura genocida, nos siguen vendiendo otra argentina, compuesta de gaseosas, combos de comida, viajes, negocios inmobiliarios, el último celular de moda, y un supuesto status y reconocimiento social que se podría alzancar teniendo todo eso.

Anred / RECOSUR

6) ECUADOR : EL DILEMA DE LA BASE DE MANTA por Kintto Lucas

Fuentes militares y diplomáticas vinculan la Base Aérea de Manta, operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en el que murió "Raúl Reyes".

La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida en 1999 y por 10 años a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.

Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que "una buena parte de los mandos" tienen "la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque" lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana.

"Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello", aseguró el militar.

El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos.

De acuerdo con la información recogida por IPS, el papel de Manta habría estado en la ubicación y reconocimiento del campamento de las FARC en suelo ecuatoriano.

Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría.

El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos.

Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo.

La fuente militar aseguró a IPS que se deben "ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes".

El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido "una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento" en el ataque.

Pero la fuente militar aseguró que "la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos".

El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon "equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas".

"Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)" utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) "con una precisión impresionante" y un margen de error de un metro "de noche, en aviones a gran velocidad", agregó.

La fuente militar consultada por IPS dijo que "un ataque con bombas 'smart' exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos 'ahora vayan a buscar los cuerpos', entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas" en el lugar, sostuvo.

La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas "convencionales", lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses.

Los A-37 "lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)" y los "cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros", indica el informe de la OEA.

De acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá.

La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos "eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp", proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia.

Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial.

"Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp", aseguró el militar.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que su gobierno no permitirá "que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán".

El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010.

"Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación", establece el convenio.

Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna.

Uno de sus artículos afirma que "Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras".

Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas.

Podrían alegarse "muchas causas: a participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador", alegaron las fuentes.

Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia.

El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia.

"Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo", dijo y aseguró que esa guerrilla "ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002". Stavridis visitó Colombia en febrero.

En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que "Manta, para el propósito del Plan Colombia", es un "portaaviones en tierra de Estados Unidos".

Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3.

Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes.

Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento.

Manta es una de las cuatro "ubicaciones de operaciones de avance", junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe.

En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta.

El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves.

Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito.

De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.

Enviado por Kintto Lucas / RECOSUR

7) EL “BUEN GOBIERNO” EN LAS ELECCIONES DE EEUU – 2008 por Marco A. Gandásegui, hijo

ALAI AMLATINA, 21/03/2008, Panamá.- En la campaña política norteamericana se destaca el hecho que los candidatos no presentan programas y no analizan los problemas de su país en sus discursos o en los debates. Los problemas económicos no son tratados y las guerras en que se encuentra involucrado EEUU no son objeto de análisis.

Por otro lado, son muy pocos los ciudadanos de ese país que le piden a los candidatos que analicen los problemas nacionales. Generalmente, los medios concentran su interés en aspectos marginales. En la campaña de 2008, ha jugado un papel importante el género de la senadora Clinton, la etnicidad del senador Obama y la experiencia bélica del senador McCain.

Pero no hay que dejarse engañar. Los candidatos tienen programas y están muy comprometidos en hacerlos cumplir. Sin embargo, las reglas políticas en EEUU no contemplan que los planes de gobierno sean compartidos con el electorado. Según el sociólogo norteamericano más importante del siglo XX, Talcott Parsons, la clase dominante no debe confiar en el sistema partidista. El sistema partidista debe limitarse a sólo escoger líderes y legitimar políticas. Según Parsons, le corresponde a la cúpula económica-empresarial, con intereses nacionales (e internacionales), estudiar los problemas y proponer las soluciones.

Si la legitimidad de los partidos experimenta una crisis es necesario establecer una segunda línea de defensa consistente en el “consenso super-partidario” capaz de reemplazar los mecanismos correspondientes al “consenso bipartidista”. Es la noción del “buen gobierno”, que plantea la necesidad de contar con extensos acuerdos negociados independientemente de los partidos y, además, con lealtades transversales. En este sentido las asociaciones “voluntarias” (tanto en EEUU como en el resto del mundo) deben incorporar todos los miembros de la clase dominante al sistema sin perjuicio de su inclinación partidista.

En opinión de Parsons lo singular del sistema político norteamericano es, por un lado, su sistema de votación y, por el otro, el bipartidismo que crea un equilibrio permanente entre fuerzas nuevas y las viejas. El sistema de votación contribuye a la movilización de los representados y el bipartidismo asegura la alternabilidad que contribuye al consenso.

Los discípulos de Parsons desarrollaron el concepto de pluralismo que camina de la mano con la noción de “buen gobierno”. El pluralismo consiste en la flexibilidad que deben tener las múltiples “elites” para llegar a entendimientos e introducir cambios. El pluralismo tiene como objetivo reducir (enfriar) la participación (militancia) política.

La función que se cree que es de los partidos políticos, en buenas cuentas, es reemplazada por un conjunto de elites, que pondrían orden sobre la base de ciertas reglas del juego no escritas, pero respetadas. Quienes no son de las elites se convierten en simples espectadores. El sistema los margina políticamente y minimiza la participación electoral.

Para Parsons los partidos políticos y las elecciones, en buenas cuentas, son un mal necesario. Para mantener cierto nivel de legitimidad y la estabilidad necesaria para gobernar hay que controlar los movimientos sociales. Los discursos electorales de los candidatos en la actual campaña presidencial de EEUU que se decidirá en las elecciones de noviembre de 2008 ­que no analizan la economía, las guerras- siguen al pie de la letra las recomendaciones del “buen gobierno” y del pluralismo.

(*) Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA).

Enviado por Agencia Latinoamericana de Información / RECOSUR

8) LA CRISIS ESTADOUNIDENSE EMPEORA por Oscar Ugarteche

Últimas noticias: Quiebra Bear Stearns Corp

ALAI AMLATINA, 19/03/2008, México DF.- La semana del 10 al 14 de marzo del año 2008 será recordada por la inminente quiebra del banco de inversiones de la familia Bush, el Carlyle Capital Corp, una filial de Carlyle Group, el grupo donde la familia Bush tiene una participación importante, que compra empresas alrededor del mundo con intereses en el sector militar, telecomunicaciones y de transporte de petróleo.

Carlyle Capital Corp., de reciente propiedad del grupo, es un fondo de cobertura cerrado fundado el 26 de agosto de 2006 en Ámsterdam para comprar papeles hipotecarios estadounidenses con respaldo de la entidad privada Fannie Mae y la federal Freddie Mac. Un año más tarde, el 29 de agosto del 2007, GW Bush fortaleció el respaldo federal como una manera de rescatar la inversión hipotecaria residencial.

Carlyle Capital, al igual que Bear Stearns y Citigroup, por nombrar algunos inversionistas grandes, compraron papeles hipotecarios residenciales respaldados por el gobierno de los Estados Unidos en el mercado secundario con la seguridad de que los fondos de garantías iban a cubrir los hipotecas en caso de problemas de liquidez pero además que de que el mercado cambiaría de dirección por la inyección de dinero y las garantías federales. La segunda semana de marzo del 2008 salió la noticia que Carlyle Capital está quebrado y no puede cubrir pagos por 16,000 millones de dólares. El 99% de los activos de Carlyle Capital están en RMBS del gobierno estadounidense, es decir valores cuyos flujos de caja vienen de la deuda residencial como hipotecas, préstamos de casas e hipotecas de alto riesgo. Es un tipo de valores apoyados por hipotecas enfocadas en deudas residenciales en vez de deuda comercial.

Lo que ha ocurrido a todas luces es que el gobierno federal no tuvo los recursos presupuestales para cubrir las hipotecas aseguradas. Esto significa, en primer lugar, que la ampliación de los respaldos federales no le ha funcionado ni a un interesado directo como G.W. Bush cuyo padre es dueño de una porción de este fondo. Segundo, que los respaldos federales brindados en agosto del 2007 no han sido suficientes y que otros fondos de cobertura que hayan comprado RMBS con garantías federales pueden quebrar.

Esa misma semana, el martes 11 de marzo del 2008, el gobierno federal anunció una inyección de 200,000 millones de dólares para darle liquidez el mercado crediticio. Nunca en la historia se había inyectado tanto dinero de un solo golpe. El efecto fue sacar a la Bolsa de Valores de Nueva York, en la que el índice Dow Jones ya había descendido a 11,740 puntos con rumbo a los 10,000 puntos. Se recuerda que el pico de la bolsa fue en octubre en que llegó a 14,150 puntos. La Bolsa de Nueva York revirtió pero en menos de 24 horas las tendencias descendentes regresaron. Daría la impresión que se incineraron los 200,000 millones de dólares y que los agentes están renuentes a entrar en el mercado.

El viernes de esa semana Bear Stearns, el banco de inversión más viejo del mundo y uno de los más grandes, anunció su quiebra. Sus acciones que cotizaban en 170 dólares la acción en julio del 2006 estaban a 2 dólares la acción cuando J.P Morgan ofreció hacer la compra. Por primera vez desde 1930 interviene el Federal Reserve Bank de Nueva York en un rescate bancario poniendo 30,000 millones de dólares para cubrir los déficits del banco frente a sus inversionistas, en su mayoría fondos de pensiones. Bear Stearns en su balance del 2006, el último publicado, tiene activos por 350,000 millones de dólares y una deuda de apenas 54,000 millones. Era el inversionista No. 1 en bonos respaldados por hipotecas hipotecarias, según sus balances. El Fed puede ayudar a devolver el dinero a los acreedores pero no a los inversionistas dados los montos involucrados. De allí la importancia de la compra por JP Morgan, el que bien podría caer bajo el peso de este fardo hipotecario comprado en 270 millones de dólares, menos de lo que vale el edificio del banco en Madison Avenue.

El inicio de la tercera semana de marzo fue con un anuncio, en domingo, de una reducción de la tasa de interés de un cuarto de punto y el martes se anunció la siguiente reducción de otro cuatro de punto. Entre esos días, hubo dos despuntes de bolsa ambos anunciados como las mayores alzas en cinco años. A partir del 11 de marzo el promedio de acciones transados en bolsa ha descendido a un promedio diario de 24 millones de acciones, cuando en el periodo entre junio del 2007 y enero del 2008 fue de 35 millones de acciones. Es decir, hay pocos agentes transando acciones en la bolsa. Entre enero y marzo, hubo un total de 386 millones de acciones transadas diariamente conforme los inversionistas salían del mercado, dejando solamente a los que no pudieron salir, sea porque estaban sobre expuestos o porque no se dieron cuenta del desplome. Se anticipa que la bolsa perderá el 40% de su valor de capitalización para cuando se estabilice, fecha que nadie tiene en mente. Mientras tanto hay lo que parecen ser manotazos de ahogado. Las quiebras bancarias y la recesión concomitante van a arrastrar problemas de crédito de consumo, que aun no se perciben.

- Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, e integra la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Es presidente de ALAI.

Enviado por Agencia Latinoamericana de Información / RECOSUR

9) TIERRA, TRABAJO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA TODO EL PUEBLO

RETENCIONES SÍ: A LOS GRANDES TERRATENIENTES Y POOLS SOJEROS, DIFERENCIANDO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES:

Las formas que va tomando el "paro agropecuario" generan distintas lecturas, según los intereses económicos y políticos que se expresan. Las voces más escuchadas son las de la Sociedad Rural Argentina y el Diario La Nación, que plantean falsamente el problema de "la expoliación del interior productivo" por parte de centros urbanos parásitos; por su parte, también se hace oír el gobierno, que juega a presentarse como defensor de los intereses de la sociedad. Todos: gobierno, entidades de grandes productores, medios de comunicación, hablan del "campo" ignorando a los millones de campesinos pobres, desplazados de sus tierras, perseguidos, arruinados por el desmonte sin control, la explotación minera y el modelo sojero. Como si las intensas luchas en defensa de la tierra y de la cultura ancestral que se expresa en el interior profundo de nuestra patria no existieran, ignoran las fuertes luchas y denuncias que por años vienen desarrollando las organizaciones que integran el Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina), como el Mocase de Santiago del Estero, o los movimientos de Córdoba, Mendoza y Salta. Por fuera de la disputa gobierno-"campo", ante esa realidad de exclusión, marginación y explotación en el campo expresamos nuestra principal solidaridad.

LA POLÍTICA DE SOJIZACIÓN

Respecto al conflicto de intereses que se presenta durante estos días, lo primero que hay que decir es que entre el gobierno y los grupos mas concentrados de la actividad agropecuaria hay acuerdos básicos: reducir la actividad agropecuaria a los "agronegocios", decisión que favorece la concentración del capital y arruina a los pequeños productores. La política de los "agronegocios" tiene como principales ganadores a los proveedores de insumos (semillas fertilizantes, herbicidas) sector que esta fuertemente concentrado, cartelizado y trasnacionalizado, y a los frigoríficos exportadores, todos de propiedad extranjera. Quienes desde hace años se han llevado la parte del león de los agronegocios no han sido sustancialmente afectados por medidas económicas y gozan de los beneficios de una estructura impositiva regresiva que se centra en gravar el consumo y la producción, pero no a la ganancia.

Con el aumento de las retenciones a la importación, el gobierno busca quedarse con una mayor porción de la torta, sin cuestionar ni modificar una lógica que ha impulsado durante los cuatro años de anteriores, teniendo en sus manos herramientas que le permitían orientar la actividad agropecuaria hacia la producción de alimentos. En ese contexto, la soja desplazó a las verduras y a la producción de cereales y de carne; destruyó rodeos y majadas, liquidó a medianos y pequeños propietarios rurales que alquilaban campos para mantener sus rodeos, destruyó bosques, desalojó a miles de familias campesinas poseedoras. La política de retenciones a la producción agropecuaria es socialmente justificable, si se la integra a una política impositiva progresiva, que alivie a los que menos tienen y grave a los más ricos. Esto no sucede en el país. Por eso, sería necio desconocer, aún en medio de los planteos de las asociaciones rurales oligárquicas, la legitimidad del reclamo sobre el carácter confiscatorio de las retenciones que plantean los pequeños productores. En una situación muy compleja y tergiversada por discursos engañosos, se han desarrollado estos paros agropecuarios y cortes de ruta donde los pequeños productores han puesto el número e impulsado las acciones mas radicalizadas; mientras las instituciones más conservadoras han puesto el discurso, los paños fríos e incluso la denuncia sobre posibles infiltraciones, frente a acciones que no pueden controlar.

¿PARA QUÉ USA EL GOBIERNO LAS RETENCIONES, EL SUPERÁVIT FISCAL Y LAS RESERVAS MILLONARIAS? ¿QUIEN ES QUIEN EN ESTE CONFLICTO?

En los barrios humildes y poblaciones marginadas donde hace estragos la exclusión social estructural, y en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras que seguimos por debajo de la línea de pobreza, esta disputa genera el escepticismo de saber que ambos bandos: el gobierno y "el campo", juegan su propio juego al margen de nuestros intereses.

Piquetes de pequeños productores pero también de "4x4", generan lecturas que confunden a algunos y hacen compleja la interpretación política de esta coyuntura. Ante esto, apelamos a un método de análisis sencillo y efectivo: nos preguntamos quiénes en este conflicto expresan a "sectores populares" y quiénes a intereses antagónicos. Entonces leemos, en el campo en nuestro país, la presencia de pequeños campesinos excluidos que defienden su tierra y su cultura, agrupados principalmente en el MNCI, como señalamos; reconocemos que pequeños productores nucleados en la FAA defienden su derecho al trabajo contra una propuesta impositiva de parte del gobierno que no discrimina entre grandes terratenientes y pequeños productores, lo mismo que comerciantes y cuentapropistas que en los pueblos dependen de la economía generada en torno al campo.

Del otro lado, vemos a las entidades oligárquicas que, como lo hicieron históricamente, defienden sus privilegios sin importarle nada más; vemos al gobierno que, aunque decidido a sostener la disputa por el porcentaje de las retenciones con estas entidades "del campo", no sólo no cuestiona el modelo en que se sustenta la explotación agropecuaria, sino que hace de este modelo su principal vía de recaudación, ignorando cualquier perspectiva de reformar las reglas de juego respecto a la tenencia, concentración y uso de las tierras productivas en nuestro país (¡ni hablar de una Reforma Agraria!). Ignorando también cualquier tipo de propuesta de redistribución de la riqueza, que resultaría posible si se involucrara al pueblo en la discusión sobre el destino de retenciones, superávit y reservas millonarias. Completan el cuadro de quienes expresan intereses "antagónicos" al pueblo, la derecha política y comunicacional, dedicada a generar análisis alarmistas y a desgastar al gobierno en esta pulseada interna entre quienes disputan sus intereses al margen de la realidad de los trabajadores y el pueblo. El rol disciplinador y patotero jugado nuevamente por la burocracia sindical de la CGT, con la complicidad del gobierno, y la inicialmente negada y luego confirmada presencia de la gendarmería en Santa Fé, reeditan las limitantes del discurso oficial.

Hecha esta lectura general, es cierto que los medianos y pequeños productores de la Federación Agraria Argentina, decidieron confluir en la protesta con los grandes sojeros asociados a las oligarquías del campo. Esta no es la única confusión: entusiasmados con una situación en la que se le "pega al gobierno" y en función de cierto dogmatismo ideológico, expresiones importantes del campo popular, como la maoísta Corriente Clasista y Combativa, o dirigentes mediáticos como Raúl Castells, saludaron sin medias tintas la "rebelión agraria contra el gobierno"… Humildemente, desde el FPDS creemos erróneos esos posicionamientos, y si bien es necesario enfrentar las políticas de éste gobierno que no apuntan a resolver las necesidades populares, no será aliándose a las oligarquías terratenientes la forma de generar consensos y acompañamiento popular.

Desde el Frente Popular Darío Santillán proponemos una amplia unidad de todos los sectores populares que son víctimas de este modelo económico que incluye la política de agronegocios y que es continuidad del neoliberalismo. Propugnamos un proyecto de país basado en la justa distribución y socialización de las riquezas, que incluya una reforma agraria integral y garantice tierras, trabajo y soberanía alimentaria para todo el pueblo, basado en el protagonismo popular; en la de defensa de nuestros bienes naturales.

Enviado por Frente Darío Santillán (Argentina) / RECOSUR

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